El pasado día 10 de enero el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto RD 3/2023 que actualiza los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro de acuerdo con el actual normativa europea y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Una normativa que tiene por ámbito competencial sólo las aguas de consumo que llegan al usuario a través del grifo, así como el control de su calidad para garantizar y mejorar su acceso, su disponibilidad, su salubridad y su limpieza.
Una de las novedades más destacables a remarcar que implica este decreto es el notable aumento de los parámetros de control para medir la calidad del agua como: los contaminantes emergentes, los compuestos, los parámetros físico-químicos o los microorganismos que pueden ser perjudiciales por a la salud humana.
Por otra parte, también en esta nueva normativa se especifica la obligación de elaborar un Plan Sanitario de Agua (PSA) para evaluar y gestionar los riesgos que incluye todas las etapas del abastecimiento de aguas, desde la toma de captación, la potabilización, su almacenamiento y su distribución.
La aplicación de este nuevo Real Decreto implica por tanto un incremento de los gastos del servicio municipal de agua como consecuencia del aumento de los costes analíticos y de la dedicación del personal técnico con el fin de cumplir adecuadamente con los criterios de la nueva normativa que ya está vigente.
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